Una reciente edición del diario El País, de Madrid, informa sobre la decisión política del gobierno peninsular de hacer cesar el envío sistemático de estudiantes con capacidades diferentes a centros de educación especial. En coincidencia con una resolución de la ONU, se argumenta que se trataría de una discriminación injusta, ya que se entiende que la igualdad ha de plantearse en la escuela común como modelo entre cualquiera de los educandos, mientras la remisión a una escuela especial claramente discrimina de manera negativa.
En España, de los 217.215 alumnos con discapacidad matriculados en enseñanzas no universitarias en 2016/17, 181.530 compartían sus clases con el alumnado general y 35.886 lo hacían en centros especiales o aulas específicas dentro de colegios ordinarios. Son estos 35.886 los que el gobierno español aspira a traspasar a la escuela común.
El tema ciertamente no es sencillo, pues quienes resisten la medida sostienen que hay muchos niños con discapacidad intelectual que no reciben la atención que necesitan en la escuela ordinaria, por ser diferente su ritmo de aprendizaje o sufrir desmedro en su autoestima, además de ser potenciales víctimas de acoso escolar. Es indudable que, de prosperar la iniciativa gubernamental, deberá producirse un refuerzo de los recursos humanos, pedagógicos y de infraestructura, que requerirá no solo de dinero, sino también de tiempo y gradualidad suficientes. Muchos padres de alumnos han presentado ya amparos ante la Justicia para impedir estos traspasos desde los centros especiales a la escuela común.
De «40 años con ojos de niño»
Resulta interesante llamar la atención sobre este tema, que no es nuevo ni exclusivo de España, sino universal en sus alcances. En la Argentina no se han difundido estadísticas que indiquen la población de educandos con discapacidad en uno u otro tipo de establecimientos. Las cuestiones presupuestarias son tema común y la falta de docentes especializados que compartan tareas con aquellos generales y sumen el apoyo necesario para lograr la plena integración es, entre nosotros, una necesidad insatisfecha. En las escuelas privadas argentinas, en muchos casos, se ha dado la situación inversa y los amparos judiciales tienden a que las escuelas admitan a los niños considerados diferentes y que las escuelas públicas sean dotadas tanto del personal como de los recursos materiales necesarios para hacer de la integración una realidad. Lejos de esgrimir el argumento de que la presencia en las aulas de capacidades diferentes ralentiza los aprendizajes, afortunadamente la sociedad comienza a percibir la riqueza del intercambio y el valor del respeto a la diferencia en un ámbito tan determinante para la formación de las futuras generaciones.
Queda de algún modo abierto el debate entre la deseable tendencia a la plena integración en la escuela común, considerando sus posibilidades reales de concreción, y la lógica excepcionalidad que plantean los casos especiales.
Fuente: Diario La Nacion